UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS NORMATIVAS Y EL DESARROLLO URBANO
(Arq.Manuel Morales A.)
La Constitución Política de Costa Rica establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y que “el Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.” En concordancia con estos enunciados, las actividades y procesos relacionados con el sector de la construcción y el desarrollo urbano en el país están inscritos dentro de un marco político-institucional y legal que determina sus orientaciones y restricciones mediante leyes, códigos, reglamentos y/o decretos.
No obstante, es de todos conocido que, en la práctica, la experiencia y el diario quehacer de todas las partes de la sociedad y las instituciones involucradas el desarrollo de la infraestructura construida, y del crecimiento de nuestras ciudades en general, no alcanza ni siquiera una abundante y en ocasiones hasta excesiva batería de normas, trámites y directrices para ejercer adecuados controles y manejo de sus efectos sobre el Medio Ambiente.
En medio de la dramática realidad ecológica que enfrentamos, somos testigos a diario y en todo lugar, de evidencias reveladoras (de todo tipo y escala) de proyectos ejecutados sin mayores consideraciones a los criterios que rigen o deben guiar una ética de preservación y gestión de los recursos naturales.
Ello se debe, en gran medida, a la débil conciencia y estrechez de miras de muchas de las partes involucradas o asociadas a la dinámica económica, institucional, profesional y laboral del sector. Pero en mucho, también, a la ineficacia, desfase y obsolescencia técnica en que, con frecuencia, terminan cayendo numerosas normas, debido al paso del tiempo y al ritmo impredecible y vertiginoso con que suele avanzar la tecnología y aquello que algunos llaman “progreso”.
Esto provoca que, en el hecho, se generen en las reglamentaciones vacíos conceptuales que dificultan o, simplemente, diluyen la comprensión o la ejecución práctica y real de los criterios establecidos. En otros casos, igualmente, no se tiene claridad acerca de los objetivos y fundamentos que han dado origen a las normas y que son, en última instancia, el espíritu de las mismas. Por ello, su aplicación metódica y burocrática termina muchas veces por convertirse en un fastidio inexplicable tanto para los desarrolladores como para las entidades encargadas de velar por su cumplimiento, cuyos recursos y capacidad de gestión suelen ser ya de por sí muy limitados para cumplir esa misión a cabalidad.
Las aseveraciones acerca de la histórica deficiencia de las leyes y normativas que rigen el desarrollo urbano y de la construcción en general no necesitan de evidencia; los resultados están a la vista. Quienes han legislado en este país no han entendido todavía que los códigos son letra muerta cuando no existe capacidad para su ejecución y control, por un lado, y conciencia ciudadana acerca de su importancia, por el otro.
Ni la Ley de Planificación Urbana ni el Código Urbano han evitado el crecimiento caótico de la GAM, de la misma forma en que toda la reciente legislación ambiental aún revela, a diario, debilidades en su cuerpo y cumplimiento.
En este contexto, es pertinente hacer una analogía con el tema de los planes reguladores. En los cantones que no cuentan con este tipo de instrumento, suele achacarse el grueso de los problemas físico-espaciales, físico-ambientales y algunos de carácter social, a la carencia del mismo, considerando su implementación como la solución y panacea. Pero ¿en cuántos cantones, realmente, los P.R. existentes han sido un instrumento eficaz, dinámico y promotor de un desarrollo que aprovecha el potencial local de manera sostenible y coherente con su realidad dinámica y cambiante? ¿Cuál ha sido, en efecto, el verdadero aporte de los P.R. a un desarrollo más integral, equilibrado y sensible de los recursos, los medios y la capacidad de carga con que se dispone?
Debemos ser muy cuidadosos de no repetir el mismo patrón, de evitar seguir cayendo en esa zona de confort que nos brindan las regulaciones y planes, con su orden aparente y el espejismo de solución que nos brindan. Es importante y necesario, como complemento, pulir los mecanismos e instrumentos que nos permitan facilitar la ejecución y el seguimiento de normas como buenas prácticas y acciones positivas; la conciencia y comprensión de todas las partes involucradas acerca del espíritu y propósitos por los cuales existen, que nos permita además entender que éstas no son una receta esculpida en piedra; que detrás de cualesquiera lineamientos o parámetros debe existir capacidad de observación y monitoreo, así como agilidad para su actualización, ajuste y control.
Nuestra realidad urbana actual, en medio de la crisis económica que atravesamos, puede resultar sumamente incierta y cambiante. Pero la crisis puede ser una oportunidad invaluable de cambiar la manera de hacer las cosas. Esta coyuntura económica nos ha impuesto una pausa obligatoria en la megalomanía y el desenfrenado ritmo con el que hemos venido haciendo uso y consumo de los recursos naturales. Nos ha obligado a preguntarnos ¿qué pasó?, y a recordar que las consecuencias del exceso y la imprudencia terminan por alcanzarnos más temprano que tarde.
En medio de todas las dificultades que una crisis como ésta ha generado, no puedo dejar de ver con cierto optimismo, aunque parezca un poco cínico decirlo así, cómo el sector del desarrollo inmobiliario, urbano y de la construcción en el país ha debido enfrentar un álgido y severo proceso de “purificación” (si cabe el término). Por ejemplo, numerosas firmas consultoras y constructoras han debido reducir sus prácticas y expectativas de mega-diseño o diseño casi industrializado, para reevaluar compromisos y remodelar su filosofía y conductas, convencidos de que los duros tiempos actuales requieren planteamientos de diseño y ejecución de proyectos fundamentalmente desvinculados de la obsesión del siglo pasado con la especialización, la sobre-dependencia tecnológica y el derroche de medios y recursos.
Esta crisis ha avivado la discusión en torno a la huella ecológica de nuestras actividades en el planeta, y de la manera en que cada obra construida implica un impacto significativo en la vida de las personas, en el entorno que habitamos y en los recursos agotables de los cuales disponemos para nuestra supervivencia.
La pérdida de tantos empleos es muy dolorosa, y es “difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda” (U. Sinclair). Pero esta crisis nos ha dado un margen necesario para reconstruir el ideario de lo que llamamos “urbanismo sostenible” y “construcción sostenible”, nos obliga a diversificar los ámbitos de acción, investigación y conocimiento a quienes estamos involucrados en estos campos; a desligar conceptos e intenciones del esnobismo de la moda “eco” y de recetas ajenas a nuestra escala y realidad local, para aterrizar nuestros propósitos y acciones en la urgencia de encontrar y promover una mayor economía de medios en todo lo que hacemos.
Hace poco, ante la escasez y el alto costo de algunos materiales de construcción importados, recordaba una frase de Pablo Picasso que decía: “obligarse a sí mismo a usar medios restringidos es el tipo de restricción que libera la invención. Lo obliga a hacer el tipo de progreso que uno ni siquiera puede imaginar con anticipación. El arte es la eliminación de lo innecesario”.
Las limitaciones de recursos con que vemos restringidos diariamente nuestros quehaceres políticos, técnicos, sociales o académicos no deben ser obstáculos o excusa para ser creativos, decididos, valientes y firmes en la tarea de mejorar la manera en que edificamos y modificamos nuestro hábitat, de redescubrir la lógica de nuestras relaciones urbanas y de nuestro “estar en el mundo” desde un enfoque sostenible. El momento actual nos lo exige y nos brinda la oportunidad para hacerlo.
(Arq. Manuel Morales A.)
(Arq.Manuel Morales A.)
La Constitución Política de Costa Rica establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y que “el Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.” En concordancia con estos enunciados, las actividades y procesos relacionados con el sector de la construcción y el desarrollo urbano en el país están inscritos dentro de un marco político-institucional y legal que determina sus orientaciones y restricciones mediante leyes, códigos, reglamentos y/o decretos.
No obstante, es de todos conocido que, en la práctica, la experiencia y el diario quehacer de todas las partes de la sociedad y las instituciones involucradas el desarrollo de la infraestructura construida, y del crecimiento de nuestras ciudades en general, no alcanza ni siquiera una abundante y en ocasiones hasta excesiva batería de normas, trámites y directrices para ejercer adecuados controles y manejo de sus efectos sobre el Medio Ambiente.
En medio de la dramática realidad ecológica que enfrentamos, somos testigos a diario y en todo lugar, de evidencias reveladoras (de todo tipo y escala) de proyectos ejecutados sin mayores consideraciones a los criterios que rigen o deben guiar una ética de preservación y gestión de los recursos naturales.
Ello se debe, en gran medida, a la débil conciencia y estrechez de miras de muchas de las partes involucradas o asociadas a la dinámica económica, institucional, profesional y laboral del sector. Pero en mucho, también, a la ineficacia, desfase y obsolescencia técnica en que, con frecuencia, terminan cayendo numerosas normas, debido al paso del tiempo y al ritmo impredecible y vertiginoso con que suele avanzar la tecnología y aquello que algunos llaman “progreso”.
Esto provoca que, en el hecho, se generen en las reglamentaciones vacíos conceptuales que dificultan o, simplemente, diluyen la comprensión o la ejecución práctica y real de los criterios establecidos. En otros casos, igualmente, no se tiene claridad acerca de los objetivos y fundamentos que han dado origen a las normas y que son, en última instancia, el espíritu de las mismas. Por ello, su aplicación metódica y burocrática termina muchas veces por convertirse en un fastidio inexplicable tanto para los desarrolladores como para las entidades encargadas de velar por su cumplimiento, cuyos recursos y capacidad de gestión suelen ser ya de por sí muy limitados para cumplir esa misión a cabalidad.
Las aseveraciones acerca de la histórica deficiencia de las leyes y normativas que rigen el desarrollo urbano y de la construcción en general no necesitan de evidencia; los resultados están a la vista. Quienes han legislado en este país no han entendido todavía que los códigos son letra muerta cuando no existe capacidad para su ejecución y control, por un lado, y conciencia ciudadana acerca de su importancia, por el otro.
Ni la Ley de Planificación Urbana ni el Código Urbano han evitado el crecimiento caótico de la GAM, de la misma forma en que toda la reciente legislación ambiental aún revela, a diario, debilidades en su cuerpo y cumplimiento.
En este contexto, es pertinente hacer una analogía con el tema de los planes reguladores. En los cantones que no cuentan con este tipo de instrumento, suele achacarse el grueso de los problemas físico-espaciales, físico-ambientales y algunos de carácter social, a la carencia del mismo, considerando su implementación como la solución y panacea. Pero ¿en cuántos cantones, realmente, los P.R. existentes han sido un instrumento eficaz, dinámico y promotor de un desarrollo que aprovecha el potencial local de manera sostenible y coherente con su realidad dinámica y cambiante? ¿Cuál ha sido, en efecto, el verdadero aporte de los P.R. a un desarrollo más integral, equilibrado y sensible de los recursos, los medios y la capacidad de carga con que se dispone?
Debemos ser muy cuidadosos de no repetir el mismo patrón, de evitar seguir cayendo en esa zona de confort que nos brindan las regulaciones y planes, con su orden aparente y el espejismo de solución que nos brindan. Es importante y necesario, como complemento, pulir los mecanismos e instrumentos que nos permitan facilitar la ejecución y el seguimiento de normas como buenas prácticas y acciones positivas; la conciencia y comprensión de todas las partes involucradas acerca del espíritu y propósitos por los cuales existen, que nos permita además entender que éstas no son una receta esculpida en piedra; que detrás de cualesquiera lineamientos o parámetros debe existir capacidad de observación y monitoreo, así como agilidad para su actualización, ajuste y control.
Nuestra realidad urbana actual, en medio de la crisis económica que atravesamos, puede resultar sumamente incierta y cambiante. Pero la crisis puede ser una oportunidad invaluable de cambiar la manera de hacer las cosas. Esta coyuntura económica nos ha impuesto una pausa obligatoria en la megalomanía y el desenfrenado ritmo con el que hemos venido haciendo uso y consumo de los recursos naturales. Nos ha obligado a preguntarnos ¿qué pasó?, y a recordar que las consecuencias del exceso y la imprudencia terminan por alcanzarnos más temprano que tarde.
En medio de todas las dificultades que una crisis como ésta ha generado, no puedo dejar de ver con cierto optimismo, aunque parezca un poco cínico decirlo así, cómo el sector del desarrollo inmobiliario, urbano y de la construcción en el país ha debido enfrentar un álgido y severo proceso de “purificación” (si cabe el término). Por ejemplo, numerosas firmas consultoras y constructoras han debido reducir sus prácticas y expectativas de mega-diseño o diseño casi industrializado, para reevaluar compromisos y remodelar su filosofía y conductas, convencidos de que los duros tiempos actuales requieren planteamientos de diseño y ejecución de proyectos fundamentalmente desvinculados de la obsesión del siglo pasado con la especialización, la sobre-dependencia tecnológica y el derroche de medios y recursos.
Esta crisis ha avivado la discusión en torno a la huella ecológica de nuestras actividades en el planeta, y de la manera en que cada obra construida implica un impacto significativo en la vida de las personas, en el entorno que habitamos y en los recursos agotables de los cuales disponemos para nuestra supervivencia.
La pérdida de tantos empleos es muy dolorosa, y es “difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda” (U. Sinclair). Pero esta crisis nos ha dado un margen necesario para reconstruir el ideario de lo que llamamos “urbanismo sostenible” y “construcción sostenible”, nos obliga a diversificar los ámbitos de acción, investigación y conocimiento a quienes estamos involucrados en estos campos; a desligar conceptos e intenciones del esnobismo de la moda “eco” y de recetas ajenas a nuestra escala y realidad local, para aterrizar nuestros propósitos y acciones en la urgencia de encontrar y promover una mayor economía de medios en todo lo que hacemos.
Hace poco, ante la escasez y el alto costo de algunos materiales de construcción importados, recordaba una frase de Pablo Picasso que decía: “obligarse a sí mismo a usar medios restringidos es el tipo de restricción que libera la invención. Lo obliga a hacer el tipo de progreso que uno ni siquiera puede imaginar con anticipación. El arte es la eliminación de lo innecesario”.
Las limitaciones de recursos con que vemos restringidos diariamente nuestros quehaceres políticos, técnicos, sociales o académicos no deben ser obstáculos o excusa para ser creativos, decididos, valientes y firmes en la tarea de mejorar la manera en que edificamos y modificamos nuestro hábitat, de redescubrir la lógica de nuestras relaciones urbanas y de nuestro “estar en el mundo” desde un enfoque sostenible. El momento actual nos lo exige y nos brinda la oportunidad para hacerlo.
(Arq. Manuel Morales A.)
